Prohibición de contratar en el Sector Público

Prohibiciones de contratar.

1. No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a. Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho,
fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación y receptación y conductas
afines, delitos relativos a la protección del medio ambiente, o a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.

b. Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso.

c. Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de
oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad o por infracción muy grave en materia social, incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos
laborales.

d. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que
reglamentariamente se determinen.

e. Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable de no estar incurso en la prohibición de contratar o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y
solvencia.

f. Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se
refieren los párrafos anteriores, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación legal.

g. Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente
relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante
el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo.

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las Administraciones Públicas las siguientes:
a. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una Administración Pública.
b. Haber infringido una prohibición para contratar con cualquiera de las Administraciones públicas.
c. Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa.
d. Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación definitiva del contrato a su favor por no
cumplimentar los requisitos establecidos dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia.
e. Haber incumplido condiciones especiales de ejecución del contrato, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción
grave de conformidad con las disposiciones de desarrollo de esta Ley, y concurra dolo, culpa o negligencia en el empresario.

La duración de la prohibición no excederá de cinco años, con carácter general, o de ocho años en el caso de las prohibiciones que tengan por causa la existencia de una condena mediante
sentencia firme. Sin embargo, las prohibiciones de contratar basadas en la causa prevista en la letra d(haber retirado indebidamente proposición) subsistirán, en todo caso, durante un plazo de dos años,
contados desde su inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, y las impuestas por la causa prevista en la letra e) del mismo apartado no podrán exceder de un año de
duración.

El procedimiento de declaración no podrá iniciarse si hubiesen transcurrido más de tres años contados a partir de las siguientes fechas:
a. desde la firmeza de la resolución sancionadora, en el caso de la causa prevista en la letra c del apartado 1 del artículo anterior;
b. desde la fecha en que se hubieran facilitado los datos falsos o desde aquélla en que hubiera debido comunicarse la correspondiente información, en los casos previstos en la letra e) del
apartado 1 del artículo anterior;
c. desde la fecha en que fuese firme la resolución del contrato, en el caso previsto en la letra a del apartado 2 del artículo anterior;
d. desde la fecha de formalización del contrato, en el caso previsto en la letra b del apartado 2 del artículo anterior;
e. en los casos previstos en la letra d del apartado 2 del artículo anterior, desde la fecha en que se hubiese procedido a la adjudicación provisional del contrato, si la causa es la retirada
indebida de proposiciones o candidaturas.

En el caso de la letra a del apartado 1 del artículo anterior, el procedimiento, de ser necesario, no podrá iniciarse una vez transcurrido el plazo previsto para la prescripción de la correspondiente pena,
y en el caso de la letra e del apartado 2, si hubiesen transcurrido más de tres meses desde que se produjo el incumplimiento.

La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado.

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