El recurso especial en materia de contratación

INTRODUCCIÓN

El recurso especial de contratación es una figura de recurso que la LCSP habilita como paso previo (y obligatorio) al recurso contencioso-administrativo. No olvidemos que en Contratación Administrativa, la Administración goza de unas prerrogativas especiales: es juez y parte (dicho de un modo muy simplista). Por tanto, la Ley establece mecanismos para no crear indefensión en la otra parte (las empresas que contratan, y las que licitan) para no dejarlas en estado de indefensión frente a la Administración. Estos mecanismos son los principios que rigen el funcionamiento de la Administración (recogidos en la Constitución), la Ley de Procedimiento Administrativo y Régimen Jurídico (LRJPAC o Ley 30/92, algo que todo funcionario debe dominar, aunque los TIC tendemos a no hacerlo) y en este caso la LCSP.

Para aquellas entidades del sector público que no sean Administración Pública, la LCSP considera la figura del arbitraje.

DECISIONES OBJETO DEL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

Las decisiones a que se refiere el apartado 2 del presente artículo que se adopten en los procedimientos de adjudicación de contratos:
- Sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados
- De servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de cuantía igual o superior
a 206.000 euros.
- De gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a cinco años.

Deberán ser objeto del recurso especial en materia de contratación con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo, sin que proceda la interposición de
recursos administrativos ordinarios contra los mismos. No se dará este recurso en relación con los actos dictados en procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia.

Serán susceptibles de recurso especial:
- Los acuerdos de adjudicación provisional.
- Los pliegos reguladores de la licitación y los que establezcan las características de la prestación.
- Los actos de trámite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que éstos últimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los anteriores podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda la instrucción del expediente o al órgano de contratación, a efectos de su corrección, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación provisional.

El recurso podrá interponerse por las personas físicas y jurídicas cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso y, en todo caso, por los licitadores.

Sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades Autónomas, establezcan sus normas
respectivas, en todo caso, deberán atribuir esta competencia a un órgano cuyas resoluciones
agoten la vía administrativa.

Salvo determinación expresa en contrario, la competencia para resolver el recurso especial en materia
de contratación se entenderá delegada conjuntamente con la competencia para contratar. No
obstante, la facultad de acordar una indemnización por perjuicios no será susceptible de
delegación, debiendo resolver sobre la misma, en todo caso, el órgano delegante; a estos efectos, si se
estimase pertinente reconocer una indemnización, se elevará el expediente al órgano delegante, el
cual, sin necesidad de avocación previa y expresa, resolverá el correspondiente recurso.

El plazo para interponer el recurso especial en materia de contratación será de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto impugnado. La
presentación del escrito de interposición deberá hacerse en el registro del órgano de contratación
o en el del órgano competente para la resolución del recurso. La subsanación de los defectos de
este escrito deberá efectuarse, en su caso, en el plazo de tres días hábiles.

En el caso de que el procedimiento de adjudicación del contrato se tramite por la vía de urgencia, el
plazo para la interposición del recurso será de siete días hábiles y el de subsanación, de dos días
hábiles.

Interpuesto el recurso, se dará traslado del mismo a los restantes interesados, concediéndoles un plazo
de cinco días hábiles para formular alegaciones, y se reclamará el expediente, en su caso, a la
entidad, órgano o servicio que lo hubiese tramitado, que deberá remitirlo dentro de los dos días
hábiles siguientes acompañado del correspondiente informe. Los licitadores tendrán, en todo caso,
la condición de interesados en el procedimiento de recurso.

Una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado para su
formulación, el órgano competente deberá resolver el recurso dentro de los cinco días hábiles
siguientes, notificándose la resolución a todos los interesados. En todo caso, transcurridos veinte
días hábiles contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su
resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso
contencioso-administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver expresamente.

Pueden establecerse medidas provisionales para corregir infracciones de procedimiento o para
impedir que se causen otros perjuicios a los interesados suspendiendo el procedimiento. La decisión
sobre las medidas provisionales deberá producirse dentro de los dos días hábiles siguientes, a la
presentación del recurso o escrito en que se soliciten, entendiéndose denegada esta petición en el
caso de no recaer resolución expresa sobre el particular en este plazo.

La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas o
declarará su inadmisión, decidiendo motivadamente cuantas cuestiones se hubiesen planteado.
Si la resolución del recurso acordase la adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a este
un plazo de diez días hábiles para presentar la documentación necesaria para elevar la adjudicación a
definitiva.

Contra la resolución del recurso solo procederá la interposición de recurso contencioso- administrativo.

ARBITRAJE

Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan el carácter de Administraciones Públicas podrán remitir a un arbitraje, la solución de las diferencias que puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebren.

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