Derechos de los ciudadanos en los procedimientos administrativos (Ley 30/92)

Introducción

El artículo 35 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común establece cuales son los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

El ejercicio de alguno de estos derechos, como el de no aportar documentos que ya obran en poder de la Administración, durante todos estos años (1992-2009) ha sido difícil, sino imposible, por la propia organización de la Administración. Un ejemplo claro de esta situación es el del DNI, o el de las titulaciones académicas oficiales de primer ciclo, secundaria, o incluso universitarias.

No obstante, al igual que los sistemas de información experimentan un mantenimiento evolutivo y / o correctivo a lo largo de su ciclo de vida, también el legislador mantiene sus leyes. En este sentido, la LAECSP desarrolla este derecho a través de los derechos de los ciudadanos en relación con la Administración Electrónica, y permitiendo la transferencia de datos entre Administraciones para que el ciudadano pueda hacer ejercicio de este derecho.

Derechos recogidos en el art. 35 de la Ley 30/92

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento. (Ver Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro)

d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto de Ordenamiento Jurídico.

e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.

g) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

h) Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la Constitución y en ésta u otras Leyes.

i) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

j) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.

k) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes.

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