Clasificación de los contratos según la LCSP

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

Contrato de Obras.

Son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la LCSP.

Por obra se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.

Contrato de Concesión de obras públicas

La concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario
de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, incluidas las de restauración y
reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos
construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el
derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
El contrato, que se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del contratista, podrá comprender,
además, el siguiente contenido:
a. La adecuación, reforma y modernización de la obra.
b. Las actuaciones de reposición y gran reparación.
El contrato de concesión de obras públicas podrá también prever que el concesionario esté obligado a
proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén
vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las
actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. En el supuesto de que
las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento
económico, éstos corresponderán al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra
principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos.

Contrato de gestión de servicios públicos.

El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una Administración Pública
encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido
asumida como propia de su competencia por la Administración encomendante.
Las disposiciones de esta Ley referidas a este contrato no serán aplicables a los supuestos en que la
gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público
destinadas a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado
cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.

Contrato de suministro

Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o
el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes:
a. Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma
sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de
celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.
b. Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de
telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y
la cesión del derecho de uso de estos últimos, a excepción de los contratos de adquisición
de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de
servicios.
c. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario
deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la
entidad contratante, aun cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales
precisos.

Contrato de servicios.

Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un
suministro (Anexo II).

Contrato de colaboración entre el sector público y el sector prívado.

Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado aquellos en que una
Administración Pública encarga a una entidad de derecho privado, por un periodo determinado en
función de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se
prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación de
inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés general,
comprenda alguna de las siguientes prestaciones:
a. La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas, y productos o
bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o
su gestión.
b. La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas.
c. La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología
específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y
económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado.
d. Otras.
Sólo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando
previamente se haya puesto de manifiesto, que otras fórmulas alternativas de contratación no
permiten la satisfacción de las finalidades públicas.
El contratista colaborador de la Administración puede asumir, en los términos previstos en el
contrato, la dirección de las obras que sean necesarias, así como realizar, total o parcialmente, los
proyectos para su ejecución y contratar los servicios precisos.
4. La contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá en un precio que se
satisfará durante toda la duración del contrato, y que podrá estar vinculado al cumplimiento de
determinados objetivos de rendimiento.

CONTRATOS MIXTOS.

Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico.

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