Accesos Wifi Ofrecidos Por Ayuntamientos

Las iniciativas de proporcionar acceso WiFi, tanto si es gratuito como de pago, empiezan a resultar bastante habituales en algunos municipios, por lo que parece conveniente explicar las condiciones a las que estaría sujeta tal tipo de promoción.

Naturaleza Jurídica de la Explotación de Redes y Prestación de Servicios de Comunicaciones Electrónicas.

El artículo 149.1.21 de la Constitución española reconoce expresamente la competencia en materia de telecomunicaciones como exclusiva de la Administración General del Estado.

Y el artículo 1 de la LGTel señala que el objeto de la misma es la regulación de las telecomunicaciones, que comprende la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos asociados, de conformidad con el artículo 149.1.21 de la Constitución Española.

Tras la liberalización del sector de las telecomunicaciones culminado con la entrada en vigor de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (derogada por la vigente LGTel), el nuevo marco legal que rige la prestación de servicios y la explotación de redes de telecomunicaciones contempla estas actividades como servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia.

Precisamente, el artículo 2 de la LGTel establece que las telecomunicaciones se consideran servicio de interés general que se prestan en régimen de libre competencia, con excepción de los servicios que deba prestar el Estado en exclusiva cuando así lo justifiquen motivos de seguridad nacional y/o defensa civil, y del servicio universal

De conformidad con el artículo artículo 86, (antiguo artículo 90), del Tratado de Unión Europea por servicios de interés económico se designan a “las actividades de servicio comercial que cumplen misiones de interés general, y están por ello sometidas, por parte de los Estados miembros, a obligaciones específicas de servicio público. Este es el caso de los servicios en red de transportes, energía y comunicación.”

A pesar de lo anterior, se ha comprobado1 que un elevado número de Ayuntamientos consideran las comunicaciones electrónicas como un servicio de titularidad pública prestadas al amparo de un contrato administrativo (gestión de servicio público, suministro, etc.) en el que se recogen condiciones y obligaciones (a modo de ejemplo, imposición de las tarifas que el operador adjudicatario cobrará a los particulares, revisión de las tarifas, reversión a favor de la Administración de las obras realizadas por el adjudicatario para la prestación del servicio, otorgamiento de una concesión por un plazo de 25 años, etc.) que se circunscriben a las así previstas en la Ley 30/2007, de Contratos del sector público.

Procede señalar que este tipo de contratos administrativos resultan adecuados sólo para la gestión o suministro de un servicio público y no de servicios de interés general cuya titularidad no es ya pública y en cuya prestación no es posible imponer condiciones o limitar el número de operadores, más allá de los casos previstos en la legislación sectorial, aplicable.

Así, y por lo que se refiere en concreto al establecimiento de condiciones económicas por las Entidades Públicas, del régimen establecido en la LGTel y su normativa de desarrollo se deduce que estas actividades se prestan, por regla general, a cambio de la correspondiente remuneración económica por parte de los usuarios rigiendo el principio de libertad de precios. El principio de libertad de fijación de precios preside la relación económica entre los distintos operadores que actúan en el mercado, que únicamente se condiciona en los supuestos previstos por la normativa de telecomunicaciones (servicio universal, obligaciones a determinados operadores con peso significativo en el mercado,…).

Como se señaló en la Resolución del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 18 de marzo de 20082, en relación con la imposición de los precios a cobrar por el operador a los usuarios finales:

<blockquote><div style= "font-size:87%;">
“A esta Comisión interesa señalar que la imposición por parte de las Administraciones de las condiciones, servicios y precios que el operador adjudicatario va a tener que garantizar supone, en última instancia, una limitación por parte de esa Administración de las condiciones para la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas más allá del ámbito de sus competencias[2], limitación que supone una distorsión competitiva no compatible con el modelo abierto y liberalizado de prestación del servicio de comunicaciones electrónicas.

Llevado al extremo, la fijación por parte del Ayuntamiento de los precios podría suponer una fuente de ingresos públicos –en caso que el precio fijado fuera superior al competitivo- o, en caso contrario, esto es, la fijación de precios demasiado bajos (por debajo de costes, impidiendo la recuperación de la inversión) podría limitar la entrada de terceros operadores eficientes al mercado.

Cualquiera de las dos situaciones serían contrarias al ordenamiento jurídico puesto que distorsionarían de forma significativa las condiciones del mercado, ya que los precios fijados en el Pliego de Condiciones del Ayuntamiento no responden a la lógica competitiva del mercado, y en su caso a lo establecido en la normativa ex ante o ex post. Así, y como ha señalado esta Comisión en anteriores ocasiones, las Administraciones no pueden exceder el ámbito de sus competencias e imponer más limitaciones que las que la normativa sectorial establece”.
</div></blockquote>

Como consecuencia de lo anterior, interesa destacar que los Ayuntamientos no pueden convocar concursos públicos que tengan por finalidad formalizar contratos administrativos cuyo objeto sea la explotación de redes y/o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas como si fuesen servicios públicos de su competencia ya que dichas actividades (explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas) son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia cuya realización ha de respetar la normativa sectorial de telecomunicaciones que exige que la intervención de la Administración no distorsione la competencia y fomente la neutralidad tecnológica.

Licencia o Autorización

Para la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a terceros, el artículo 6.2 de la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones (LGTel) exige la notificación a la CMT previa al inicio de la actividad, a los efectos de su inscripción en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

En cuanto a las personas que pueden constituirse como operadores, el artículo 6.1 de la referida Ley establece como requisito subjetivo que:
<blockquote><div style= "font-size:87%;">
“Podrán explotar redes y prestar servicios de comunicaciones electrónicas a terceros las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o con otra nacionalidad [en determinados supuestos] (…).”</div></blockquote>

Por tanto, en relación con la necesidad de que un Ayuntamiento haya de constituirse en operador, la LGTel no excluye a las Administraciones Públicas del régimen jurídico general que regula la forma en la que debe realizarse el acceso por los interesados a la condición de operador, tanto para la explotación de redes como para la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de libre competencia.

En concreto, el artículo 8.4 de la LGTel establece expresamente unas condiciones específicas, más estrictas, aplicables a las entidades públicas. En este artículo se señala que la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas, directamente o a través de sociedades en cuyo capital participen mayoritariamente, se ajustará a lo dispuesto en esa Ley y en sus normas de desarrollo, y se realizará con la debida separación de cuentas y con arreglo a los principios de neutralidad, transparencia y no discriminación. Asimismo, prevé la posibilidad de que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones imponga, en su caso, condiciones especiales que garanticen la no distorsión de la libre competencia.

De esta forma, la Ley no distingue el carácter público o privado del operador, sino que exige que todas las personas físicas o jurídicas (sean o no Administraciones Públicas) que deseen explotar una red o prestar un servicio de comunicaciones electrónicas a terceros, notifiquen fehacientemente dicha circunstancia a la CMT, con anterioridad al inicio de la actividad y actúen sin distorsionar la libre competencia.

La notificación habrá de realizarse en los términos que se determinan en el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de usuarios, aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril (en adelante, Reglamento de Prestación de Servicios), y con sometimiento pleno a las condiciones previstas para el ejercicio de la actividad notificada.

Autoprestación o Prestación de Servicios al público

Tomando como ejemplo típico la explotación de una red inalámbrica del tipo WiFi, el apartado 13 del Anexo II de la LGTel define la ‘explotación de una red de comunicaciones electrónicas’ como: «la creación, el aprovechamiento, el control o la puesta a disposición de dicha red». Por tanto, la actividad de instalación de una red por parte de un Ayuntamiento constituye la explotación de una red de comunicaciones electrónicas que debe ser notificada previamente a la CMT en los términos establecidos en el artículo 6.2 de la LGTel.

A falta de descripción funcional de cada uno de los servicios que desee prestar un Ayuntamiento, no es posible precisar con exactitud a priori cuáles de ellos constituyen servicios de comunicaciones electrónicas y cuáles constituyen servicios no sujetos al requisito previo de notificación a la CMT.

Del régimen general aplicable a los servicios de comunicaciones electrónicas que deberán ser notificados a la CMT antes del inicio de actividad quedan excluidos la prestación de aquellos servicios que no estén considerados de comunicaciones electrónicas y que pudiera estar interesado en prestar un Ayuntamiento, como pudiera ser el servicio de ‘vídeo vigilancia’.

Respecto a los servicios considerados de comunicaciones electrónicas, la única excepción al régimen general de notificación descrito que contempla la LGTel se refiere a aquellas personas que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación, las cuales quedarán exentas de la obligación de notificar prevista en el artículo 6.2 de la citada Ley.

El Reglamento de Prestación de Servicios desarrolla esta excepción en su artículo 5.4. En el mismo se establecen los supuestos que quedan exentos de la obligación de notificación fehaciente a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones:
*(i) la explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación;
*(ii) los servicios de comunicaciones electrónicas y las instalaciones de seguridad e intercomunicaciones que, sin conexión a redes exteriores y sin utilizar el dominio público radioeléctrico, presten servicio a un inmueble, a una comunidad de propietarios o dentro de una misma propiedad privada; y
*(iii) los servicios de comunicaciones electrónicas establecidos entre predios de un mismo titular.

Como criterio general, se consideran en autoprestación los servicios que ofrece un Ayuntamiento en las dependencias municipales del propio Consistorio y el acceso a datos corporativos por parte de concejales y de miembros de las Corporaciones Locales, dado que son prestados a un grupo cerrado de usuarios correspondiendo la titularidad de la red al propio Ayuntamiento. Igualmente, se considera autoprestación la explotación de redes de comunicaciones electrónicas que interconecten las dependencias municipales, y que permitan el acceso únicamente a usuarios autorizados, si bien merece la pena destacar que la CMT, en la Resolución de 3 de Julio de 20083, respondiendo a una consulta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, no limita quienes son los usuarios que han de estar acreditados por el Ayuntamiento, ni acota que tipo de servicios pueden acceder desde dependencias municipales.

En conclusión, un Ayuntamiento deberá, con anterioridad al inicio de las actividades de comunicaciones electrónicas, notificar a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la red que pretende explotar y los servicios de comunicaciones electrónicas que tiene intención de prestar a terceros, en los términos que se indican en el apartado siguiente, si fuese él el titular de la red o el prestador de los servicios.

Respecto de la red de comunicaciones electrónicas que se pretende explotar, si el Ayuntamiento cede la misma a otra entidad para su explotación, también esta otra entidad deberá realizar la notificación prevista en el artículo 6.2 de la LGTel.

En caso de que la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a los ciudadanos la efectuase una entidad distinta al Ayuntamiento, sería únicamente esta otra entidad la obligada a notificar a la CMT el inicio de esa actividad en los términos del artículo 6.2 de la LGTel.

Condiciones y Requisitos Legales

El artículo 5 del Reglamento de Prestación de Servicios4 recoge los requisitos necesarios para realizar la notificación fehaciente a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de la intención de un interesado de comenzar la explotación de una red o la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas de modo que el mismo adquiera la condición de operador y pueda comenzar la prestación del servicio o la explotación de la red de comunicaciones electrónicas notificados.

En su apartado primero, se indica que los interesados en la explotación de una determinada red o en la prestación de un determinado servicio deberán con anterioridad al inicio de la actividad, notificarlo fehacientemente a esta Comisión, incluyendo la información que se señala en el artículo 5.5 del citado Reglamento, junto con la documentación que acredite su autenticidad. En concreto, cuando se trate de una persona jurídica ésta deberá remitir:

:*Razón social.
:*Número de identificación fiscal y datos registrales.
:*Domicilio en España a efectos de notificaciones.
:*Nombre y apellidos de la persona responsable a los efectos de notificaciones.
:*Documentación que acredite la capacidad y representación del representante.

En cuanto a la descripción de la red o servicio que el interesado tiene intención de explotar o prestar la notificación deberá incluir:

:*Breve descripción de la ingeniería y diseño de la red, en su caso.
:*Tipo de tecnología o tecnologías empleadas.
:*Descripción de las medidas de seguridad y confidencialidad que se prevén implantar en la red, en su caso.
:*Descripción funcional de los servicios.
:*Oferta de servicios y su descripción comercial.

Asimismo, el interesado deberá comunicar:

:*La fecha prevista para el inicio de la actividad.
:*La sumisión a tribunales españoles y, si así lo desea el interesado, al arbitraje de a Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en los términos establecidos en su reglamento y en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, para resolver las controversias que surjan en el ejercicio de su actividad.
:*Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos exigibles.

Recibida la notificación, acompañada por la documentación establecida en el Reglamento de Prestación de Servicios, seguirá la inscripción de oficio en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, dependiente de la CMT.

El Ayuntamiento o entidad pública deberá explotar la red y prestar los servicios de comunicaciones electrónicas de acuerdo con las previsiones generales establecidas para todos los operadores en la LGTel y en el Reglamento de Prestación de Servicios, además de las específicas previstas para las Administraciones Públicas en el artículo 8.4 y 29.3 de la citada Ley.

También los Ayuntamientos o entidades públicas deberán tener en cuenta los criterios recogidos en el artículo 11 de la Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas que establece cómo han de llevar la debida separación de cuentas, y concretamente que:
<blockquote><div style= "font-size:87%;">
“En la asignación e imputación de los ingresos y costes se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. Se identificarán cada una de las actividades realizadas por la empresa, con diferenciación, en cualquier caso, entre aquellas desarrolladas por concesión de derechos especiales o exclusivos o gestión de servicios de interés económico general y otras.

b. A cada actividad se le asignarán los ingresos y costes que le correspondan de forma exclusiva o directa y se imputarán con criterios racionales, los comunes a dos o más actividades.

c. La imputación de los ingresos y costes comunes se basará en criterios o indicadores lo más objetivos posibles y que se ajusten a las prácticas más habituales a este respecto en el sector en el que la empresa lleve a cabo su actividad, siempre con la orientación de que los ingresos y costes comunes imputados a cada actividad, estén
adecuadamente correlacionados.

d. De acuerdo con el principio de uniformidad, los criterios de asignación e imputación de ingresos y costes deberán establecerse y aplicarse sistemáticamente, manteniéndose de manera uniforme a lo largo del tiempo.

e. Se detallarán los criterios de asignación e imputación utilizados y, en caso de que por razones excepcionales y justificadas se llegaran a modificar dichos criterios, deberá darse cuenta de dichas razones, así como de la incidencia cuantitativa de dichos cambios, a tal fin se considerará que los cambios se producen al inicio del ejercicio”.
</div></blockquote>

Para más detalles sobre la aplicación de dichos criterios, véase la Resolución del Consejo de la CMT de 28 de Noviembre de 2008 por la que se da contestación a la consulta formulada por el Ayuntamiento de Avilés.

Posibilidad de prestación gratuita del servicio de acceso

Dado que es bastante frecuente que un ayuntamiento se plantee proporcionar un servicios de acceso a intertet del tipo WiFi gratuito, resulta oportuno examinar las circunstancias y restricciones que pueden afectar dicho planteamiento.

La LGTel, de conformidad con la legislación europea, considera las telecomunicaciones como servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia, lo que implica que los operadores habrían de esperar un retorno de las inversiones que realizan en el sector, percibiendo contraprestaciones económicas por las actividades que prestan a los usuarios. En todo caso, un principio general en la Unión Europea es que la prestación de servicios en régimen de libre competencia debe financiarse por medio de los rendimientos de la explotación de la misma, no pudiendo neutralizarse pérdidas con transferencias de fondos públicos.

La legislación de telecomunicaciones establece de forma general, salvo determinados servicios y operadores, el principio de libertad en la fijación de precios por los operadores, el cual habrá de ejercerse con respeto a las reglas de la libre competencia.

La prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas constituye una actividad liberalizada y no un servicio de titularidad pública. En consecuencia, un Ayuntamiento, directamente o a través de un tercero, puede intervenir en el mercado de las telecomunicaciones como un agente económico más, compitiendo con el resto de operadores, formando sus ofertas de precios de servicios o de redes públicas de comunicaciones electrónicas siguiendo las reglas y normativas que rigen los mercados en competencia. En este caso, la actividad estará sometida tanto a la normativa sectorial de las telecomunicaciones como al resto de la normativa reguladora de la libre competencia que pueda ser de aplicación.

En concreto, tal como se ha indicado más arriba, las Administraciones Públicas están sometidas a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 8.4 de la LGTel, a cuyo tenor, la prestación o explotación de servicios o redes de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas se deberá ajustar a lo dispuesto en la citada Ley y sus normas de desarrollo y se realizará con la debida separación de cuentas y con arreglo a los principios de neutralidad, transparencia y no discriminación. No obstante, la CMT podría imponerles condiciones especiales que garanticen la no distorsión de la libre competencia, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 4.1 del Reglamento de Prestación de Servicios:

<blockquote><div style= "font-size:87%;">
« Conforme al artículo 8.4 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en la explotación de redes o servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones públicas con contraprestación económica serán de aplicación las condiciones impuestas, en su caso, por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para garantizar la libre competencia».
</div></blockquote>

En consecuencia, como regla general, las Administraciones Públicas deberán prestar servicios de comunicaciones electrónicas a cambio de la correspondiente contraprestación económica.

Ahora bien, el Reglamento de Prestación de Servicios contempla en su artículo 4 una excepción al régimen general descrito, respecto a las entidades locales, para la prestación gratuita de servicios de comunicaciones electrónicas a sus ciudadanos, pero únicamente de forma transitoria. En concreto se señala que:

<blockquote><div style= "font-size:87%;">
“La prestación transitoria por las entidades locales a sus ciudadanos de servicios de comunicaciones electrónicas de interés general sin contraprestación económica precisará su comunicación previa a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Cuando ésta detecte que dicha prestación afecta al mercado, en función de la importancia de los servicios prestados, de la existencia en ese ámbito territorial de condiciones de mercado que permitan el acceso a dichos servicios o de la distorsión de la libre competencia, podrá imponer condiciones específicas a dichas entidades en la prestación de los servicios conforme al párrafo anterior.”</div></blockquote>

De este modo, si la intención de un Ayuntamiento fuese prestar servicios de comunicaciones electrónicas gratuitamente, deberá notificarlo previamente a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, indicando la duración del periodo de gratuidad. En este supuesto, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podría imponer, para la prestación de estos servicios, condiciones específicas a dicha entidad, de acuerdo con el artículo 8.4 de la LGTel y el 4.1 del Reglamento de Prestación de Servicios, en función de la importancia de los servicios prestados, de la existencia en ese ámbito territorial de condiciones de mercado que permitan el acceso a dichos servicios o de la distorsión de la libre competencia.
En este sentido, por lo que se refiere a la utilización de una red inalámbrica por parte de un Ayuntamiento para prestar a sus ciudadanos de forma gratuita un servicio de información ciudadana, es conveniente recordar la doctrina de la Comisión Europea (Decisión de la Comisión Europea, de 30 de mayo de 2005, en el caso de Ayuda de Estado nº NN 24/2007 – República Checa, sobre la “Red inalámbrica municipal de Praga”) en la que se concluía que no constituye una ayuda de estado contraria al artículo 87 del Tratado de la Unión Europea, el establecimiento y operación, por parte de la autoridad local, de una red inalámbrica que permita a todos los ciudadanos de las áreas de cobertura, el acceso gratuito en banda ancha (usando sus ordenadores portátiles, sus terminales móviles,..) si éste está limitado a los servicios y contenidos públicos, no comerciales. Por tanto, si un Ayuntamiento notificara a la CMT su intención de establecer un acceso a internet WiFi con el fin de que sus ciudadanos puedan tener de forma transitoria acceso gratuito a servicios de información ciudadana que el mismo Ayuntamiento u otro organismo oficial quiera establecer, la CMT deberá tener presente, además, dicha doctrina.

En conclusión, si un Ayuntamiento pretende explotar una red o prestar servicios de comunicaciones electrónicas a terceros, ha de efectuar, en los términos descritos, la notificación fehaciente a la CMT prevista en el artículo 6.2 de la LGTel antes de comenzar su actividad. Con carácter general, ésta deberá realizarse a cambio de la correspondiente contraprestación económica, con la debida separación de cuentas y con arreglo a los principios de neutralidad, transparencia y no discriminación, sin perjuicio de las posibles condiciones especiales que pudiera imponer la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Si la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas fuese realizada por un Ayuntamiento a sus ciudadanos de forma transitoria y gratuita, igualmente deberá ser notificada con carácter previo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la cual podrá imponer condiciones específicas a dicha entidad local si detecta que la prestación afecta al mercado, en función de la importancia de los servicios prestados, de la existencia en ese ámbito territorial de condiciones de mercado que permitan el acceso a dichos servicios o de la distorsión de la libre competencia, tal como señala el párrafo tercero del artículo 4.1 del Reglamento de Prestación de Servicios.

Cuando la financiación de la red y/o la prestación del servicio de acceso a Internet se efectúa mediante ingresos obtenidos de la publicidad/patrocinio, hay que tener presente que un servicio de comunicaciones electrónicas puede resultar gratuito para el usuario final, aunque el operador pueda recibir una contraprestación económica que provenga de actividades derivadas de la explotación de la red o la prestación del servicio, como sería en el caso de la publicidad o patrocinio. Así ocurre en la difusión de radio y televisión que resultando gratuitas para el ciudadano, presentan un interés económico para quien las opera. Sin embargo, habrá que garantizar que el Ayuntamiento no subvencione indirectamente el servicio, como podría ocurrir de hacerlo por medio de una Caja de Ahorros en la que tuviese control.5

Límites de las tarifas aplicables

En el supuesto de que la prestación del servicio no fuera gratuita, la Administración deberá fijar las tarifas con criterios similares a los utilizados por el resto de los operadores privados. De acuerdo con estos criterios, en un entorno de libre competencia las tarifas deberán ser suficientes para garantizar la financiación de la actividad. Por tanto, ésta deberá realizarse por medio de los rendimientos de explotación de la misma, no resultando adecuado acudir a recursos públicos, tales como tasas o subvenciones, con cargo a los presupuestos de la entidad local.

La financiación del servicio deberá, en todo caso, realizarse de forma tal que los ingresos permitan recuperar los gastos generados por la explotación de la red o la prestación de los servicios, teniendo en cuenta los beneficios que todo inversor en una economía de mercado trataría de obtener. Esto es, un precio que no sea inferior a costes y que, por tanto, se fundamente en un proyecto empresarial que cuente con fuentes de financiación adecuadas.

No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.4 de la LGTel, y 4.1 del Reglamento de Prestación de Servicio, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podría imponer condiciones especiales que garanticen la no distorsión de la libre competencia.

Otros servicios

El ejemplo del que trata este artículo es el del caso típico de una red de acceso que funciona en unas frecuencias radioeléctricas de "uso común", para las que no hace falta licencia de reserva del dominio público radioeléctrico. Dicho acceso está sujeto a unas limitaciones que se han señalado más arriba.

Pero un acceso no tiene más función que la de que se presten servicios por medio de él. Servicios que pueden ser muy variados tal como, por ejemplo, los que se recojen en el Portal de servicios de comunicaciones electrónicas de Wikitel. Y algunos de ellos, por su carácter singular o quizás por su interés general, están sujetos a diferentes normativas, tanto desde puntos de vista puramente jurídico o de derecho de la competencia, como de interoperabilidad y normativa técnica, como sería el caso de prestar servicios de voz IP (VoIP) o telefonía IP, de servicios de telemedicina y atención a emergencias, u otros.

Por tanto, resulta lógico deducir que cuando una administración pública desee prestar acceso a servicios de tipo general o a otro tipo de servicios más concretos, esté sujeta a las condiciones en vigor para cualquier prestador de acceso. Y si sobre dicho acceso presta servicios directamente, también estará sujeta a las correspondientes condiciones de prestación del servicio que se trate. Cuando preste el servicio indirectamente quedará obligada a cumplir con los requisitos que correspondan a cada servicio, puesto que, por poner un ejemplo, no es lo mismo ofrecer servicios genéricos de navegación que ofrecer telefonía (o acceso a un servicio de telefonía). Sería exigible que la telefonía por vía WiFi tenga interoperabilidad con la telefonía tradicional y ofrezca las mismas garantías que esta; o de ser una telefonía de naturaleza distinta, se informe claramente al usuario sobre esa importante particularidad.


<small><references /></small>

++++Referencias

  • Ley 4/2007 de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas.
  • Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.
  • Resolución del Consejo de la CMT de 28 de Noviembre de 2008 por la que se da contestación a la consulta formulada por el Ayuntamiento de Motril sobre distintos aspectos de la explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, concretadas en la prestación gratuita de acceso WiFi a información municipal.
  • Resolución del Consejo de la CMT de 28 de Noviembre de 2008 por la que se da contestación a la consulta formulada por el Ayuntamiento de Avilés en relación con la financiación por medio de publicidad o patrocinio del servicio de acceso a internet sobre una red pública de comunicaciones electrónicas inalámbrica de titularidad municipal.
  • Resolución del Consejo de la CMT de 3 de Julio de 2008, por la que se da contestación a la consulta planteada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre la necesidad de inscribirse como operador para la prestación del servicio de acceso a Internet, así como la posible gratuidad del servicio.
  • Resolucion del Consejo de la CMT de 29 de abril de 2008, por la que se pone fin a un periodo de información previa a un posible procedimiento sancionador del Excmo. Ayuntamiento de Villasar de Mar por prestar el servicio de comunicaciones electrónicas sin estar inscrito como operador en el Registro de esta Comisión y la posible prestación del servicio de comunicaciones electrónicas (Wi-Fi) de forma gratuita (RO 2007-1474)
  • Resolución del Consejo de la CMT de 17 de abril de 2008, por la que se da contestación a la consulta formulada por el Ayuntamiento de Xeraco sobre la necesidad de constituirse en operador para la explotación de una red inalámbrica y la prestación de determinados servicios de comunicaciones electrónicas, requisitos legales necesarios y posible gratuidad del servicio (RO 2008-8).
  • Resolución del Consejo de la CMT de 10 de abril de 2008, por la que se procede a la apertura de procedimiento administrativo sancionador contra la entidad Gesmedia, Gestions Multimèdia, S.C. y contra los Ayuntamientos de Bordils, Espinelves, Quart, Fornells de la Selva y Campllong, por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electróncias establecidos en el artículo 6.2 de la Ley 32-2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (RO 2006-1088).

** Resolución del procedimiento sancionador RO 2008-548 incoado contra el Excmo. Ayuntamiento de Bordils
** Resolución del procedimiento sancionador RO 2008-549 incoado contra el Excmo. Ayuntamiento de Espinelves
** Resolución del procedimiento sancionador RO 2008-550 incoado contra el Excmo. Ayuntamiento de Quart
** Resolución del procedimiento sancionador RO 2008-551 incoado contra el Excmo. Ayuntamiento de Fornells de la Selva
** Resolución del procedimiento sancionador RO 2008-552 incoado contra el Excmo. Ayuntamiento de Campllong

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